Durante décadas, el debate sobre quién debe liderar el cambio ha estado polarizado: o los poderes públicos, con una visión planificadora y reguladora, o el mercado, con su capacidad de movilización de recursos e innovación. Pero esta visión bipartidista esconde una tercera fuerza fundamental: la sociedad civil organizada. Fundaciones, cooperativas, asociaciones de vecinos, redes informales y activistas locales llevan años operando allí donde ni el mercado ni el Estado pueden llegar eficazmente.
Pero, cuando es la sociedad civil la que se pone en marcha, cuando experimenta, crea valor colectivo y activa procesos transformadores en el territorio… ¿qué hacen las administraciones?
La tensión del reconocimiento
A menudo, las instituciones públicas actúan como si esta acción ciudadana fuera un complemento, un parche o incluso una “ayuda voluntaria” que alivia su carga. Otras veces, reciben estas iniciativas con recelo: ¿qué intereses esconden?, ¿qué legitimidad tienen?, ¿están compitiendo con nosotros?
Rara vez se las entiende por lo que son: expresiones directas del compromiso ciudadano con el bien común, laboratorios vivos de políticas públicas alternativas y motores de innovación social.
De filiales a pioneras
Es necesario repensar el papel de la sociedad civil. No como un apéndice subsidiario del Estado, sino como una fuerza pionera. Son las comunidades organizadas las que tienden a identificar primero los problemas, porque los sufren en primera persona. Son ellos quienes experimentan con soluciones adaptadas al contexto, porque conocen los límites y las potencialidades del territorio. Y son ellos quienes, a menudo, crean el tejido que sustenta la convivencia y el cuidado mutuo.
Desde esta perspectiva, el papel de las administraciones debería ser menos el de dirigir y más el de acompañar, facilitar y escalar lo que funciona.
Un nuevo contrato social
Si aceptamos que los grandes desafíos de nuestro tiempo —crisis ecológica, despoblación, crecientes desigualdades, cambio cultural— exigen respuestas complejas y contextualizadas, entonces es necesario un nuevo contrato social entre administraciones y ciudadanía activa.
Este contrato implicaría:
• Reconocimiento institucional del trabajo transformador de la sociedad civil.
• Canales de diálogo horizontales, donde las soluciones surgen de procesos de co-creación, no sólo de consultas formales.
• Recursos flexibles y accesibles, no sujeta a la lógica del subsidio competitivo y rígido.
• Espacios para el error y el aprendizaje, sin penalización inmediata, como en cualquier proceso de innovación.
Operar en los huecos
En la Fundación Galicia Sostenible trabajamos precisamente en estas brechas: activando procesos, poniendo en valor las alternativas que ya existen, creando puentes entre lo institucional y lo ciudadano. No tenemos vocación de sustituir administraciones, sino de demostrar que, cuando la sociedad civil actúa con rigor, compromiso y visión de futuro, merece algo más que agradecimiento: Merece ser un aliado estratégico.
